El director general de Centros Penales de El Salvador, Rodil Hernández, confirmó la celebración de una fiesta nudista en una cárcel del país en 2012 y aseguró que el Gobierno entregará información sobre esto a la Fiscalía para investigar y depurar responsabilidades.

Hernández confirmó a la prensa que entre el 24 y 25 de septiembre de 2012 ingresaron al recinto carcelario 3 "bailarinas" y una discoteca móvil para la celebración.

El funcionario respondió así a la polémica generada por un vídeo difundido por medios locales en el que se observa a tres mujeres bailando desnudas entre decenas de pandilleros.

La fiesta, organizada en el penal de Izalco (oeste), fue supuestamente permitida por las autoridades, en el contexto de una tregua entre las pandillas en 2012, como prebenda para pandilleros encarcelados a cambio de disminuir los homicidios entre pandillas rivales.

Según Hernández, dicha celebración se dio durante la gestión del Nelson Rauda al frente de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), durante la Presidencia de Mauricio Funes (2009-2014).

"Este resultado preliminar de la investigación interna (...) está siendo remitida al ministro de Justicia y Seguridad (Mauricio Ramírez Landaverde) y mañana, a primera hora, se va a certificar para ser enviada a la Fiscalía", explicó el funcionario.

Añadió que la misma discoteca móvil usada en esa fiesta intentó ingresar en mayo de 2009 a la misma cárcel, pero los custodios penitenciarios detectaron drogas al interior de alto parlante y capturaron a 3 personas.

Hernández condenó el hecho porque su "actuación como funcionario se rige por los lineamientos establecidos por el actual Gobierno, de rechazo a estas acciones y desacuerdo con beneficios a los privados de libertad que puedan reñir con la ley".

El director evitó referirse a si este hecho tuvo relación directa con la supuesta negociación entre el Gobierno y las pandillas y se desvinculó de la acción al señalar que no tuvo conocimiento de las misma a pesar de que en esa época se desempeñaba como subdirector del la DGCP.

"Estos hechos nunca pasaron por el conocimiento del actual director de Centros Penales, pues la dinámica funcional en ese momento establecía un línea directa entre el director general, el inspector general y los directores" de cada cárcel, aseguró.

El revuelo causado por el vídeo de esta fiesta llevó a la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a pedir la remoción de Hernández, del entonces ministro de Seguridad y actual titular de Defensa, David Munguia Payes, y del Superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo.

Perdomo se desempeñó como director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) entre 2009 y 2013 y ministro de Justicia y Seguridad entre 2013 y 2014.

El exmandatario Mauricio Funes negó, a inicios de febrero, cuando fue citado por la Fiscalía a rendir declaraciones sobre la vinculación de su Gobierno con este armisticio, que haya beneficiado a líderes de pandillas encarcelados con una disminución de los homicidios como moneda de cambio.

"No hubo una negociación entre el Gobierno y las pandillas, el pacto fue entre dos pandillas rivales (Barrio 18 y Mara Salvatrucha); el Gobierno lo único que le dio fue seguimiento" y "acompañamiento", explicó Funes a la prensa.

De acuerdo con datos presentados por el ex jefe de Estado, el cese de hostilidades entre las pandillas hizo que el promedio mensual de muertes violentas pasara de unas 340 a 160 y que el registro diario bajó de 15 a 5.

Diferentes sectores han señalado que los beneficios otorgados a los pandilleros reclusos fueron el traslado de líderes de la cárcel de máxima seguridad a una con menor régimen y el ingreso de televisores, teléfonos y prostitutas a los centros penales.

EFE